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Sus Derechos Durante la Detención

Por: GeorgiaLegalAid.org
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La detención, el registro y la confiscación

Este documento se trata de:

La detención
La detención con orden judicial
La detención sin una orden judicial
La advertencia Miranda
La renuncia a la advertencia Miranda

Al final del capítulo precedente, Diego y Daisy se encontraban en el almacén de drogas. Hablaban con Haroldo al Mayor. La policía entró en el almacén antes de que pasase la hora. Detuvieron a Diego, a Daisy y a Haroldo.*

Tal vez estés enterado de que existen muchas leyes que regulan las detenciones (los arrestos). Del mismo modo, muchas leyes regulan los registros y las confiscaciones. Estas leyes existen para asegurar que cada persona será tratada en forma adecuada. En este capítulo, descubrirás de lo que tratan algunas de dichas leyes. Verás cómo esas leyes protegen tus derechos. Verás también la importancia de que las detenciones y los registros se ajusten a las leyes.

LA DETENCIÓN

Las detenciones las hace normalmente una persona autorizada, como el agente de policía (police officer en inglés) o el alguacil (en inglés, sheriff). Estos agentes pueden hacer una detención de acuerdo con la orden judicial de detención o, en ciertas circunstancias, sin ninguna. La orden judicial de detención es un documento por el que se da la autoridad para hacer algo-en este caso una detención. En inglés se llama el documento un warrant.

La detención con orden judicial

¿Cómo obtiene la policía una orden de detención? Primero, el agente de policía o un ciudadano cualquiera hace una declaración jurada ante el juez. La ley de Georgia requiere que la declaración jurada identifique

• la persona que va a ser detenida,
• la ofensa que dice haberse cometido,
• la fecha y hora en que se cometió,
• la persona contra la que se ha cometido la ofensa, y
• el lugar de la ofensa.

Estos requisitos sirven para que las autoridades puedan informar al acusado de los cargos específicos que hay contra él o ella. Como recordarás, la notificación es uno de los aspectos del debido proceso legal. Las personas que posiblemente sufran la pérdida de la vida, de la libertad o de la propiedad, deben ser notificadas de los cargos que existen contra ellas.

Fíjate que como persona particular, no debes de iniciar una acción penal contra alguien sin tener razones poderosas para ello. De lo contrario, podrías ser responsable de los daños por la prosecución maliciosa (malicious persecution). Éste es un pleito civil presentado por la persona acusada injustamente de haber cometido un delito.

La evidencia (las pruebas) presentada en la declaración jurada debe ser convincente(s). El juez que extiende la orden de detención debe hallar la causa probable para creer que el acusado ha cometido la ofensa. La causa probable (en inglés, probable cause) quiere decir que existe más que una simple sospecha. Debe haber una base razonable para creer que la persona cometió el delito.

¿Qué constituye una base sólida? Para ilustrarlo, considera la situación 1:

SITUACIÓN 1. Son casi las diez de la noche. En el apartamento contiguo al de la señora Gómez, se está efectuando el robo con allanamiento de morada. La señora Gómez mira por la ventana. Durante una hora, ve los siguientes sucesos iluminados por una farola:

a. La señora Rodríguez, la vecina que vive arriba, mete varias cajas grandes en su automóvil. Parece nerviosa, casi atemorizada. Finalmente, la señora Rodríguez sube al automóvil y parte a toda velocidad.
b. Nicolás el Nervioso empieza a pasear de un lado para otro, delante de la casa de apartamentos. De vez en cuando, hecha un vistazo al reloj. A Nicolás le detuvieron una vez por mirón.
c. El sobrino de un amigo de la señora Gómez se descuelga de la ventana del aparamento que ha sido allanado. Lleva un pequeño aparato de televisión.

¿Crees que el juez encontraría la causa probable para expedir una orden de detención contra la señora Rodríguez, Nicolás el Nervioso o el sobrino del amigo?

Con toda probabilidad, el juez no emitiría una orden de detención por el allanamiento de morada contra la señora Rodríguez o contra Nicolás el Nervioso. El hecho de que Nicolás el Nervioso haya sido detenido antes no guarda relación alguna con la presente situación. Se le detuvo por un delito diferente.

La señora Rodríguez tiene el derecho legal de meter cajas en su automóvil, si es que son suyas. El juez no ha recibido la información suficiente como para indicar que las cajas proceden del robo del vecino. Por lo tanto, el juez no encontrará la causa probable para expedir la orden de detención en contra de la señora Rodríguez. Sin embargo, el juez probablemente encontraría la causa probable en el caso del sobrino.

La detención sin una orden judicial
¿Se puede efectuar la detención en Georgia sin una orden judicial?

La ley autoriza al agente de policía a detener a alguien sin una orden judicial, únicamente en cuatro casos, a saber:

1. Cuando la ofensa se comete en presencia del agente o con su conocimiento inmediato.
2. Cuando el ofensor intenta escapar.
3. Cuando existe la causa probable para creer que haya ocurrido un acto de violencia familiar (la violencia doméstica).
4. Por cualquier otra causa, si existe la posibilidad de que la justicia no se cumpla debido a la falta de un juez que pueda extender una orden de detención.

Las razones son obvias en las excepciones uno, dos y tres. En ninguna de dichas situaciones habría el tiempo suficiente para pedir la orden judicial. Por ejemplo, supongamos que un agente de policía ve a Dedos Rápidos llevarse un bolso (cartera) de un tirón. Por supuesto, el tal Dedos no va a esperar mientras el agente va a buscar una orden de detención. La cuarta excepción no está muy clara. Pero otorga a los agentes y al Estado (es decir, al fiscal) una excepción general, mediante la que pueden argüir que la detención fue válida sin la orden judicial.

A menos que la detención se ajuste a una de las cuatro excepciones, un agente de policía puede efectuar la detención solo bajo una orden judicial. De lo contrario, la detención será ilegal.

Las detenciones hechas por la ciudadanía
Como persona particular (sea ciudadano o residente legal), no tienes ninguna autoridad para detener a alguien con una orden judicial (warrant). Sin embargo, aun sin la orden judicial, puedes detener a cualquiera que cometa una infracción o un delito grave "en tu presencia" o "con tu conocimiento inmediato". La detención hecha por la persona particular se lleva a cabo cuando el (o la) particular retiene a un sospechoso para que no escape. Esto sucede con mucha frecuencia en el caso del hurto de tiendas, donde el encargado de la empresa (el o la gerente) detiene al sospechoso. Sin embargo, como el siguiente caso demuestra, el gerente o un empleado no puede efectuar siempre semejante detención.

Veamos el caso Winn Dixie Stores, Inc. contra Nichols (205 Ga. App. 308, 422 S.E. 2nd 209 (1992)). Una cliente del supermercado Winn Dixie se quejó a la gerencia con decir que otro cliente le había robado la cartera. El tribunal afirmó que el derecho limitado de los comerciantes a detener a alguien razonablemente sospechoso de haber hurtado mercancías, no autorizaba al comerciante a detener a individuos acusados por un cliente de haber cometido un delito contra otros clientes. Para efectuar la detención, el empleado tendría que haber visto en realidad cómo se cometió el robo. Por lo tanto, en el juicio Winn Dixie Stores, Inc. contra Nichols se juzgó que la gerencia no tenía la autoridad para detener al supuesto criminal. El tribunal sugirió que la única persona que hubiera podido efectuar la detención como persona particular, era la propia cliente a la que habían robado.

Cuando el ciudadano (particular) efectúa una detención, la persona no puede emplear más fuerza de la que sería razonable para llevar a cabo la detención. La fuerza mortal se limita a la autodefensa, o a casos donde la fuerza sea necesaria para prevenir ciertos delitos graves. Ten cuidado - como ciudadano o persona particular puedes tener la autoridad legal de detener a otra persona. Pero cuidado con decirle a un ladrón que te apunta con un arma que lo detienes; no es de todo aconsejable.

Se debe recalcar que el derecho de los ciudadanos a efectuar una detención civil, es limitado. No pueden detener a la gente que falte a las ordenanzas municipales o a las regulaciones, porque técnicamente no son "delitos" tal y como lo define la ley estatal (véase el capítulo 15). Por lo tanto, como ciudadano o persona particular no tendrías la autoridad para detener a la persona que crea un disturbio cuando hace demasiado ruido. Además, cuando la persona particular hace una "detención civil", solo lo puede hacer con el propósito de llevar al sospechoso ante un oficial judicial.

EL CASO DE LA REDADA DE DROGAS EN LA CIUDAD CENTRAL, continuación
Antes de la redada que efectuaron en el almacén de drogas, la policía había investigado este caso durante algunos meses. Durante este tiempo, varios agentes secretos de narcóticos (a menudo llamados "narcs", o policía de narcotráfico) habían "comprado" drogas a Daisy Traficante y a su jefe, Haroldo al Mayor. El detective Pinedo, con rango de sargento, había presenciado también cómo habían efectuado dos ventas a otras personas.

La policía había presentado esta información al juez Soilo Severo, del tribunal de magistrados, condado de Río Arriba. La información había convencido al juez que probablemente había suficiente causa para creer que Daisy y Haroldo habían cometido un delito. Por lo tanto, extendió una orden de detención y de registro contra Daisy Traficante, Haroldo al Mayor y el mismo almacén.

Los agentes que efectuaron la detención acusaron a Daisy y a Haroldo de varios delitos (todos esos delitos no se identificaron en la orden de detención). Los cargos que se les hizo se dan a continuación:

• la posesión de una droga de la categoría II (la cocaína) con la intención de venderla (la posesión de 28.35 gramos o más de cocaína se entiende que indica la intención de venderla).

• la venta de la droga de la categoría II.

• el tráfico de la marihuana (la posesión de más de 25 kilos de la misma).

• la contribución a la delincuencia de una persona menor de edad.

Haroldo y Daisy estaban, por así decirlo, metidos en una situación bastante seria. Fíjate en la p. 245 la alta penalización que conlleva la venta de la droga de la categoría I o II.

A Diego se le puso bajo custodia sin una orden judicial. ¿Sabes cuál de las cuatro excepciones se le aplicó? ¿Habría alguna diferencia si supieras que durante la redada un agente le vio tratando de deshacerse de bolsas con más de 50 gramos de cocaína? Haroldo se las había dado para que las vendiera en la escuela. Además, cuando cachearon a Diego, encontraron que llevaba encima menos de una onza de marihuana.

Como Diego tiene menos de 17 años, se le acusó de un "acto delictivo" (en inglés, delinquent act; la palabra delinquency en sí muchas veces refiere a tales actos realizados por los menores de edad) por ser menor de edad y poseer menos de una onza (28.35 gramos) de marihuana. Si el acusado hubiera tenido más de 17 años de edad, sería una infracción (misdemeanor).

La policía también le acusó de poseer cocaína con la intención de distribuirla (venderla). El cargo de vender una droga que figura en las categorías indicadas, es más serio que la simple posesión (una droga clasificada se considera peligrosa. Es ilegal poseerla sin la receta del médico). ¿Cómo podía la policía acusarle a Diego de la intención de distribuir la cocaína? Bien mirado, no podía adivinarle el pensamiento.

Los tribunales han establecido que la posesión de una mayor cantidad de la droga de la que uno puede razonablemente consumir, indica que la persona intenta vender esa droga.

Los tribunales también toman en consideración otros factores. Uno de ellos es si el acusado lleva encima gran cantidad de dinero. Otro es si las drogas están en paquetes individuales en el momento de la detención. Por ejemplo, 10 dosis de la cocaína tipo "crack" pueden estar empaquetadas en 10 frasquitos, cada uno con una dosis.

En el caso de La redada de drogas en la Ciudad Central, Diego llevaba en su persona bolsas que contenían una cantidad superior a los 50 gramos de cocaína. La cantidad de la cocaína y la forma en que estaba empaquetada indicaba que la iba a vender. Por lo tanto, la policía le acusó de poseer la droga con la intención de venderla.

La policía cacheó a Haroldo, a Daisy y a Diego. Rápidamente maniataron a los tres. La policía les "leyó sus derechos". ¿Qué significa eso?

La advertencia Miranda
El debido proceso legal requiere, antes de que a la persona detenida y acusada de un delito se le pueda interrogar, que el agente encargado de la detención debe hacerle a esa persona la advertencia Miranda (en inglés, se dice Miranda warning). La advertencia Miranda (en la ilustración 16-2) se compone de un número de derechos derivados de las Enmiendas Quinta, Sexta y Decimocuarta a la Constitución de los Estados Unidos de América. El Tribunal Supremo de los EE.UU. declaró en 1966 que la narración (exposición) en voz alta de estos derechos es una parte fundamental del debido proceso legal. Esto fue parte de la señalada decisión del Tribunal Supremo en el caso Miranda contra Arizona (384 U.S. 346 (1966)).

La advertencia Miranda hay que hacerla una vez que el sospechoso ha sido detenido. Esto quiere decir que se debe hacer cuando el detenido ya no tiene la libertad de marcharse, aunque no se haya formalizado la detención. Y más importante aun, estos derechos se le deben leer y el acusado debe entenderlos, antes que él o ella pueda ser interrogados.

En la práctica, los agentes no siempre leen estos derechos a todos los sospechosos. Si no han avisado al sospechoso(a) de los derechos del caso Miranda, y el sospechoso(a) hace una declaración mientras está detenido(a), la situación se puede excluir del juicio. La declaración se puede excluir también del juicio si se determina que el sospechoso(a) no entendió los derechos que tiene bajo el caso Miranda, o si el sospechoso(a) no hizo la declaración voluntariamente.

De acuerdo con la advertencia Miranda, se le reza a la persona detenida

1. Usted tiene el derecho a guardar silencio.
2. Cualquier cosa que Ud. diga puede emplearse, y se empleará, contra Ud. ante un tribunal de justicia.
3. Ud. tiene el derecho a consultar a un abogado y a que esté presente mientras se le interroga.
4. Si Ud. no puede pagar a un abogado, antes del interrogatorio se nombrará a uno que lo represente si así lo desea.
5. En cualquier momento, Ud. puede ejercitar estos derechos, y no contestar a ninguna pregunta ni hacer declaración alguna.

La renuncia a la advertencia Miranda

Después de la advertencia y con el propósito de lograr una renuncia (waiver) a dicha advertencia, se deberán formular las siguientes preguntas y se deberá recibir una respuesta afirmativa a cada pregunta.
1. ¿Entiende cada uno de los derechos que le he explicado?
2. Teniendo presente dichos derechos, ¿quiere hablar con nosotros ahora?

El no haber recibido la advertencia Miranda no constituirá una defensa por haber perpetrado el delito. Sin embargo, durante el juicio, el acusado ciertamente argüirá que las declaraciones y confesiones deben ser excluidas de la evidencia presentada en el caso.

Si el acusado no ha hecho una declaración o una confesión, entonces no hay nada que excluir. Por lo tanto, no hay problema alguno aunque los derechos del caso Miranda no se le hayan leído cuando el acusado fue detenido.

¿Qué ocurrió en este famoso caso conocido por todo el mundo como el caso Miranda? En el caso Miranda, un hombre llamado Ernesto Miranda fue detenido y acusado del secuestro y la violación. Miranda era pobre, no tenía estudios y estaba algo perturbado mentalmente. Se le llevó a la comisaría donde la víctima le identificó. Entonces se le encerró en un "cuarto de interrogación" con varios policías. Se le interrogó intensamente durante varias horas. Ninguno de los agentes le dijo nunca que tenía el derecho de guardar el silencio y de no decir algo que pudiera servir para establecer su culpabilidad (en otras palabras, que tenía el derecho a no incriminarse a sí mismo de acuerdo con la Quinta Enmienda). Tampoco le comunicaron que tenía el derecho de contratar a un abogado (este derecho lo garantiza la Sexta Enmienda). Finalmente, después de dos o tres horas, los agentes salieron del cuarto de interrogación con una confesión por escrito, firmada por el tal señor Miranda.

En el caso Miranda, la Corte Suprema aplicó la regla de exclusión. La regla de exclusión (exclusionary rule en inglés) dice que la evidencia obtenida de manera ilegal no se puede emplear para condenar a la persona por un delito. El Tribunal Supremo aplicó tal regla de exclusión a las confesiones y declaraciones efectuadas por los detenidos. Al hacerlo así, quería asegurar que en el futuro los agentes de la policía seguirían los principios establecidos en la decisión. Asimismo, querían asegurarse que las personas acusadas de un delito serían notificadas de sus derechos básicos. En el pasado, los agentes de policía a menudo interrogaban a los sospechosos por muchas horas, y hasta por varios días, hasta que confesaran (o en escasas ocasiones, los agentes llegaban a usar la tortura hasta que el acusado se confesara).

Con la decisión en el caso Miranda, los jueces quisieron evitar esa conducta policial. Los jueces también ampliaron los derechos de los acusados para protegerlos de declaraciones involuntarias, por ignorar que podían guardar el silencio. A los jueces no les parecía que la persona debiera ser condenada por un delito basado en una confesión extraída ilegalmente o coaccionada por ignorancia, o mediante el abuso físico.

Los tribunales continúan con la interpretación de la decisión Miranda a través de los años.

Han ampliado o restringido la decisión en ciertos casos. Esto pasó en 1980, en el caso Rhode Island contra Innis (446 U.S. 297 (1980)). En este caso, el Tribunal Supremo declaró que el término "interrogación", como se había empleado en el caso Miranda, no se limitaba al interrogatorio de la policía propiamente dicho. El tribunal afirmó que la interrogación también incluía cualquier palabra o acción por parte de la policía (fuera de las que normalmente forman parte de la detención), que la policía deban saber que posiblemente produciría una respuesta incriminatoria del sospechoso.

El retenido puede renunciar a los derechos especificados en la advertencia Miranda. Sin embargo, la renuncia debe expresarse de forma voluntaria. El prisionero debe entender su acción. No debe existir ni la trampa, ni la promesa de indulgencia o amenaza alguna por parte de los agentes de la policía.

¿Cómo se puede aplicar la decisión del caso Miranda en nuestro caso imaginario? ¿Qué hubiera ocurrido si los sucesos hubieran pasado de la siguiente forma?

SITUACIÓN 2. La policía le dice a Diego que si confiesa que vende la cocaína en la escuela secundaria, conseguirán que la pena sea leve.

SITUACIÓN 3. Haroldo al Mayor le ha confiado a un amigo todo lo que pasa en su almacén de drogas. El amigo lo declara ante el tribunal.

SITUACIÓN 4. Un número de personas se encontraba en el almacén cuando la policía llegó. Tan pronto como la policía entró, Daisy Traficante gritó "Vaya. Ahora sí que me han sorprendido con las manos en la masa".

La decisión Miranda tendría vigencia en la situación 2. Cualquier confesión obtenida así no sería admisible. Nótese que la decisión Miranda tiene aplicación únicamente en el caso de la persona detenida que es sometida al interrogatorio y confiesa ante las autoridades debidas. La confesión de Haroldo en la situación 3 no se hizo mientras estaba detenido. Se puede presentar al tribunal. La admisión de Daisy Traficante en la situación 4, también se podría admitir como evidencia. No se la había detenido todavía. Tampoco se le estaba interrogando sobre el papel que jugaba en el delito.

*Extraído de Una Introducción a la Ley en Georgia, Tercera Edición, publicado por el Instituto Gubernamental Carl Vinson, 1998 (actualizado en el aZo 2001). El Instituto Vinson no es responsable de errores en el texto electrónico. El contenido es puramente informativo; y de ninguna forma la información del libro deberá considerarse como consejería legal para ninguna persona en ningun asunto en el cual hayan implicaciones legales. Tal materia deberá de ser tratada con un abogado. El libro se encuentra a la venta en www.cviog.uga.edu o contactándose con el Programa de Publicaciones del Instituto Gubernamental Carl Vinson, Universidad de Georgia, 201 M. Milledge Avenue, Athens, GA 30602; teléfono 706-542-6377; fax 706-542-6239.

Última revisión y actualización: Jun 10, 2020